La FIP exige a Colombia que proteja al periodista Rodrigo Silva Vargas y a su familia

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) respalda la petición de medidas cautelares de protección reclamadas por Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), a favor de Rodrigo Silva Vargas, periodista de Radio Caracol, quien ha sido hostigado y amenazado en varias ocasiones por su labor de investigación y su actitud crítica como reportero.

Esa demanda de protección oficial se ampara en lo previsto por las mismas leyes de Colombia y ha sido reiterada por el propio Eduardo Márquez y el asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la FIP en Bogotá, Andrés Monroy, en un documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de Estados Americanos).

 FECOLPER y CESO-FIP reclaman también protección para la familia del periodista, después de que su hijo Iván Camilo Silva Ramón resultara también amenazado en una calle de Bogotá por un grupo no identificado, que demostró conocer datos íntimos y familiares de su familia.  En Colombia, entre los escándalos del último período, figura la revelación de un amplio entramado de espionaje a destacados periodistas por parte de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“Sabemos del esfuerzo hecho en Colombia para aumentar la protección de los periodistas”, ha declarado el Secretario General de la FIP, Aidan White, “y por eso tampoco podemos aceptar que reacciones del presidente Uribe o de otros altos cargos institucionales, como el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, sugieran o puedan ser interpretadas como un respaldo a las amenazas al periodista y a su familia”.

En un comunicado conjunto del pasado mes de febrero, los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, y la Relatora Especial de la CIDH de la OEA, Catalina Botero, recomendaban a las autoridades colombianas abstenerse de hacer declaraciones dirigidas a los periodistas “que podrían sugerir además que los actos de violencia destinados a acallarlos de alguna forma cuentan con la aquiescencia del gobierno”.

La FIP recuerda a todas las autoridades de Colombia que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los periodistas y su libertad de expresión en el ejercicio de sus tareas profesionales. Esa obligación abarca el derecho de toda la sociedad a recibir información crítica, veraz y libre, por parte de los periodistas.

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