En línea directa: Colombia (Julio 2004)


EL 2004 EN COLOMBIA: ARREMETIDA DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA LA PRENSA



Por: Eduardo Márquez G

Coordinador Ceso-FIP


Durante el cubrimiento del asalto a una buseta en Bogotá, capital de Colombia, que dejó un saldo de dos muertos tanto el camarógrafo como un periodista de la cadena RCN, fueron agredidos por agentes de policía que, con puños, patadas y empujones, intentaron evitar la grabación que realizaban, el pasado 16 de julio; como si fuera poco, tas el incidente, uno de los policías interpuso una demanda ante la justicia por daños personales.


Un mes atrás, el 17 de junio, en el convulsionado puerto petrolero de Barrancabermeja, al centro oriente del país, la periodista Luz Dary Ines, del canal local Enlace 10, fue golpeada en el rostro cuando intentaba impedir que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, ESMAD, empujara a su camarógrafo, quien hacía imágenes tras la disolución, por la fuerza, de una manifestación del sindicato petrolero USO. Resultado: tres fracturas en uno de sus pómulos, una muela partida y un hematoma en su ojo derecho. Estas lesiones, además de la gravedad que revisten, pusieron en evidencia su desprotección laboral. Inés está contratada mediante contrato de honorarios y sus exiguos ingresos –¡US 137!- no le permiten pagar la seguridad social; antes de ser intervenida quirúrgicamente, ella le explicó a Ceso-FIP que la USO había abierto una cuenta bancaria a su nombre para recaudar fondos destinados a los gastos hospitalarios, pero también manifestó su preocupación por una incapacidad de 40 días, pues en esas condiciones le resulta imposible sostener a su hijo de 10 años y a sus dos padres.


Estos dos casos no son más que la muestra de un generalizado ambiente de animadversión de las autoridades frente al ejercicio del periodismo, expresado en 10 agresiones, 5 actos de obstrucción al trabajo y varias amenazas, del total de 40 violaciones a la libertad de prensa en Colombia, registradas por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en lo que va corrido del año. Pero, sin lugar a dudas, mayo fue el mes en que mas violaciones se produjeron al libre ejercicio del derecho a informar y por lo tanto del sagrado derecho a ser bien informados que tienen todos los ciudadanos, con una verdadera arremetida de la fuerza pública: en distintas circunstancias, 8 periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional, y uno de ellos tuvo que padecer la arbitraria confiscación de su material de trabajo.


El primer ataque se produjo el 18 de mayo durante el cubrimiento de manifestaciones populares contra la instalación de un peaje en una carretera de Copa cabana, una población cercana a Medellín. Allí miembros del ESMAD agredieron física y verbalmente a Julio César Herrera, reportero gráfico del diario El Tiempo, cuando fotografiaba a un grupo de jóvenes detenidos, y a Miguel Jaramillo, reportero del canal Caracol.


Simultáneamente, a varios kilómetros del lugar, en la ciudad de Cartagena, en la costa norte del país, la fuerza pública reprimía violentamente una protesta contra la instalación de la negociación del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos. En medio de la refriega, Oscar Díaz, del diario El Universal, captó con su cámara fotográfica el intento de varios policías por hacerse a unas botellas de agua que se le habían caído a una vendedora ambulante; los uniformados, intentaron, entonces, raparle la cámara. Los periodistas Aníbal Teherán y Elvis Martínez corrieron a proteger a su colega pero, ante la agresiva actitud de los policías Teherán decidió denunciar lo que sucedía a través de su teléfono móvil; inmediatamente los agentes empuñaron sus armas y le produjeron a heridas en el vientre, una pierna y un brazo del periodista, con balas de caucho disparadas a un metro de distancia. Muy cerca de allí, Wilfred Vargas del diario El Heraldo fotografió los desmanes de los uniformados contra varios manifestantes por lo que fue golpeado y mientras huía también recibió el impacto de una bala de caucho en un tobillo.


El 20 de mayo, de nuevo el ESMAD golpeó en la cabeza y las piernas al periodista Miguel Jaramillo, corresponsal del canal Caracol, quien en compañía de su camarógrafo Oscar Alvárez, se disponían a grabar el momento en que un manifestante herido era protegido de la policía por varios ciudadanos que continuaban las protestas en la plaza central de la población de Copacabana.


Vale la pena destacar que mientras el gobierno del presidente Alvaro Uribe ordena reprimir violentamente la protesta ciudadana, argumentado que es el Congreso el escenario idóneo para cualquier debate, y “castiga” a periodistas por reseñar los desmanes de la fuerza pública, al mismo tiempo se muestra indulgente con los grupos armados de extrema derecha responsables de pavorosas masacres, desplazamiento forzado de campesinos y asesinato selectivo de líderes políticos, cívicos y sindicales: tras un año de acuerdo de ceso de hostilidades violado de manera ostensible y permanente por los contrainsurgentes, ha iniciado un proceso de conversaciones de paz con los frentes paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en una zona desmilitarizada donde se resguardan varios voceros calificados por el propio comandante policial de la SIJIN de “vulgares narcotraficantes”.


Por otra parte, por iniciativa del Ejecutivo, durante el pasado mes de junio, el Congreso de la República aprobó el Estatuto Antiterrorista, punta de lanza de la llamada Seguridad Democrática, programa bandera de la actual administración que entre otras acciones, permite a las autoridades realizar allanamientos, capturas e intercepción de comunicaciones y correspondencia, sin previa orden judicial. Varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas Ceso-FIP, manifestaron su preocupación por el peligro que para el ejercicio del periodismo encierran tales medidas, fundamentalmente en el caso de investigaciones sobre la actuación de funcionarios del Estado.


También es necesario reseñar la situación de los periodistas de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander. La segunda semana de junio fue nefasta para el ejercicio del periodismo en esta ciudad fronteriza con Venezuela al nororiente de Colombia: mientras el día 10, un grupo de reporteros de la cadena radial RCN fue convertido en “objetivo militar” por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, al día siguiente, un agente de policía amenazó de muerte a un periodista y un fotógrafo del diario La Opinión mientras cubrían, en el aeropuerto, el traslado de un detenido hacia Bogotá. Estos hechos han enrarecido aún más el ambiente contra la libertad prensa en esa región del país, donde, este año, un colega perdió a su hija durante un fallido atentado en su contra y varios reporteros han tenido que huir luego de conocer planes de asesinato. El permanente acoso a estos periodistas ameritó una alerta pública y un llamado conjunto a las autoridades por parte de la FLIP, el IPYS, la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP y Ceso-FIP, en el mes de junio.


Finalmente, del 12 y el 14 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, realizó el seminario “Riesgos en el ejercicio periodístico”, donde esta organización entregó un balance de los motivos, el estado de las investigaciones y juicios sobre los 99 periodistas asesinados en Colombia durante los últimos 10 años: se pudo verificar que 51 de los casos tuvieron relación directa con el ejercicio del oficio y que solamente uno tiene sentencia por autoría material: el crimen del humorista y periodista Jaime Garzón; sobre 16 asesinatos aún están por establecerse los móviles. Con relación a los 32 restantes, en los archivos de la Fiscalía no parece información sobre 10 casos y los demás, fueron periodistas asesinados por razones distintas al ejercicio del periodismo. En cuanto a los móviles de los crímenes, se pudo establecer que 19 periodistas fueron asesinados por sus denuncias contra la corrupción política administrativa y en casi todos los casos fueron objeto de amenazas; 10, por organizaciones guerrilleras; 11, por grupos paramilitares; 6, narcotraficantes, y 4 por miembros de la Fuerza Pública.


Conclusión: el panorama para la libertad de prensa es de impunidad en cuanto al castigo a los asesinos de periodistas, no obstante el compromiso que ha expresado la Fiscalía por resolver el mayor número de casos posible. Evidentemente este hecho se convierte en un factor de riesgo más para los reporteros colombianos, pues la ineficacia del aparato judicial se convierte en un incentivo para los cobardes intolerantes que pretender ocultar la verdad con la fuerza de las armas.

Sin embargo y a pesar del aporte que significa esta investigación, llama la atención la insistencia de los propietarios de medios en señalar tres circunstancias fundamentales como la única razón de riesgo en el ejercicio informativo: la falta de preparación de los reporteros, su complicidad con fuentes ilegales y la utilización de un lenguaje inadecuado en la elaboración de las notas informativas o de opinión. Si bien es cierto que en algunos casos pueden ser ciertos estos señalamientos, olvidan el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa, propiciado por la filosofía dominante que prioriza la utilidad económica sobre el interés público inherente a la información.


El caso de los corresponsales es verdaderamente dramático: a pesar de tener una relación de subordinación y trabajar jornadas que pueden llegar a las 16 o más horas, en la mayor parte de los casos no tienen ningún tipo de contrato que los vincule laboralmente al medio de comunicación para el cual trabajan; reciben pago por nota publicada o emitida; como esos ingresos resultan suficientes, generalmente laboran en radios locales que les pagan con cupos publicitarios, vendidos generalmente a funcionarios públicos o empresarios y comerciantes acaudalados regionales que exigen control de la información. Otros periodistas prestan servicios de asesoría a políticos locales, la mayor parte de ellos relacionados con grupos armados ilegales o con el narcotráfico de manera voluntaria o producto de la coacción.


También en el mes de julio fue presentado el Diagnóstico de la Libertad de Prensa en Colombia de la FLIP, donde se hace un paralelo entre el primer semestre de 2003 con el mismo período de 2004. El estudio determinó que mientras el número de violaciones contra la libertad de prensa disminuyó en más de un 40%, al pasar de 66 casos en el 2003, a 40 en el 2004 -con 58 y 37 víctimas respectivamente-, los periodistas agredidos o cuya labor ha sido obstaculizada, aumentó de 3 a 10. Es necesario destacar que mientras el año pasado fueron secuestrados 9 reporteros, en lo que va corrido del año no se ha presentado ni uno solo de estos casos.


Una de las razones analizadas para explicar esta reducción es la autocensura, convertida en la más efectiva medida individual de protección, con el consecuente detrimento en la calidad de la información y el derecho ciudadano a ser bien informado. Además de las presiones ejercidas por las líneas editoriales de los medios, las amenazas proferidas por grupos armados al margen de la ley y de organismos de la Fuerza Pública, está en el ambiente el temor de los reporteros a ser estigmatizados, a ser señalados como simpatizantes de uno otro actor armado de la guerra, fundamentalmente la guerrilla, en momentos en que el gobierno nacional ha señalado la lucha contra el terrorismo como la principal tarea no solamente del Estado en su conjunto, sino de la sociedad civil… de la cual hacen parte los periodistas.