Dos periodistas indígenas son brutalmente asesinadas en Oaxaca México

 En la población de San Juan Copala, Oaxaca, sureste de México, fueron asesinadas Felicitas Sánchez (21) y Teresa Bautista Merino (24), locutoras indígenas de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.


Las comunicadoras murieron al recibir impactos de bala por parte de un grupo de desconocidos que las emboscaron este lunes al mediodía cuando viajaban por la carretera que conduce del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en el estado de Oaxaca, atentado en el que cuatro personas más resultaron heridas.


La policía encontró en el lugar al menos una veintena de casquillos percutidos de calibre AK-47, que testimonian la violencia del ataque


“ La Voz que Rompe el Silencio” es una radio comunitaria que transmite desde enero del 2007. El proyecto comunicativo contiene en su mayoría a jóvenes y adolescentes del pueblo triqui.


En el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), dijeron que el grupo había salido a reportear, a grabar a la gente. Eran comunicadoras indígenas que cumplían con una tarea encomendada por las autoridades comunitarias. Omar Esparza, coordinador de derechos humanos del CACTUS señaló que “es una lástima que nadie haya atendido las denuncias que venimos haciendo sobre la situación crítica que vive la región desde hace unos cinco meses”.


Los hechos se suman al contexto de inseguridad y confrontación política que ha caracterizado a ese lugar, luego de que en enero del año pasado autoridades comunitarias y organizaciones del pueblo triqui (grupo indígena de la región), declararan la creación del municipio autónomo de San Juan Copala a 350 kilómetros de la capital del Estado. Y en este contexto, son lamentables las condiciones de inseguridad con que los comunicadores se ven obligados a ejercer su profesión.


ARTICLE 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) formularon un nuevo llamado al Estado mexicano para que adopte todas las medidas, tanto de orden legislativo como político, tendientes a otorgar garantías de seguridad física y jurídica a las personas que ejercen las libertades de expresión y prensa, de acuerdo con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.