Surveillance of Journalists

The IFJ surveillance of journalists expert group is a body of officials and activists from affiliate unions who monitor and work to combat the covert surveillance of journalists.

We publicise examples of media workers being surveilled, encourage journalists to adopt defensive practices, and lobby governments and international bodies to create conditions where such surveillance is not lawful, not possible, or both.

The group is chaired by Tim Dawson, of the National Union Of Journalists In Britain and Ireland. He can be contacted via the IFJ.

At a meeting on 27 July 2021, and in reaction to recent revelations about the use of NSO’s Pegasus software to spy on journalists, the expert group adopted the following statement. It is seeking its adoption by journalists unions all over the world and will present this statement to national governments and international bodies in the Autumn of 2021.

IFJ Surveillance Expert group statement

“At the heart of much important journalism is the ability to guarantee sources that they may share information in confidence. It is by this means that reporters uncover inefficient bureaucracy, undetected criminality, and the corruption that undermines good governance.

Sophisticated tools of surveillance have the potential to undermine this, either by design or accident.

Digital technology provides multiplying possibilities for state agencies and others to undermine bonds of trust between journalists and their sources. Telephone records may be accessed. Electronic communications can be monitored. Historic information stored on digital platforms can be copied. Facial recognition technology can be used to link individuals in each others company. Artificial intelligence can be deployed to recognise patterns of contact.

The rights of whistleblowers should be defined in law. National and international law should also afford journalists the means to ensure discretion in their work. Where are state agency seeks to compel a journalist is legally required to disclose sources of information or other professionally obtained material, application should be in public and subject to judicial oversight.

Journalists must redouble efforts to safeguard their own data. This must include using multiple phones, including ‘burners’ that are less susceptible to Pegasus’ hacking, as well as adopting ‘tradecraft’ to ensure that their phones do not have the potential to betray their every move and provide a ringside seat for their most sensitive meetings.

The IFJ will urge affiliate unions to organise meetings/seminars of its members in coordination with other relevant professions to debate the right to know what kind of information their government is collecting on its citizens including journalists, on what scale and based on what legality and the scope, meaning or constitutionality of surveillance laws in their country.

Governments must enshrine in domestic law the inviolability of journalists’ communications both abstractly and in the framing of specific laws and regulations such as those on domestic surveillance. Any dilution of such protections should be resisted.

As an expert group we will reach out to lawyers/barristers, the medical profession, social workers, accountants and all other professions that rely on professional confidentiality, and build a strong and coordinated global movement to rein in the unchecked surveillance powers of our governments. 

The international community must build a regulatory regime that allows the inspection and regulation of any and all organisations supplying products that have the capacity to undermine such critical freedoms.”

News

México: el Ejército compró el software Pegasus en 2019 y desde entonces al menos dos periodistas han sido espiados

De acuerdo a una investigación colectiva realizada por el portal Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la revista Proceso y Aristegui Noticias, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) compró a principios de 2019 el sistema creado por la empresa israelí NSO Group, y ese mismo año se habrían infectado los teléfonos de dos periodistas y un defensor de los derechos humanos. La Federación Internacional de Periodistas junto al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México repudia este nuevo hecho de espionaje ilegal sobre trabajadorxs de prensa y la reiteración en el uso de un software que ya había sido denunciado en 2017, y exige al gobierno mexicano el cese inmediato del uso del mismo por parte de toda dependencia del Estado que lo haya adquirido.

Al menos dos periodistas fueron espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, período que coincide con una compra del sistema de vigilancia realizada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), organismo dependiente del Poder Ejecutivo que administra al Ejército y la Fuerza Aérea. A pesar de que en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gestión no se realizarían estas maniobras de espionaje, la información recopilada por el colectivo de hackers Guacamaya y analizada por el portal Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la revista Proceso y Aristegui Noticias confirma que la Sedena adquirió el sistema Pegasus el 12 de abril de 2019, en los comienzos de la presidencia del actual mandatario.

En uno de los correos electrónicos filtrados en el hackeo se encuentra el oficio que demuestra la compra, el cual está clasificado como "secreto" y se refiere a un contrato destinado al "servicio de monitoreo remoto de información".

De acuerdo a lo revelado en esta investigación, Pegasus fue utilizado para espiar por lo menos a tres personas: un periodista del portal Animal Político, cuya identidad se mantiene en reserva por pedido de él mismo; el comunicador Ricardo Raphael, y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. Sus teléfonos fueron analizados por el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que confirmó que estaban intervenidos con el sistema de vigilancia. Al momento de la infección de sus dispositivos, los dos periodistas se encontraban realizando investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

En 2021 ya había trascendido otra investigación colaborativa, en ese caso del grupo Forbidden Stories, llamada The Pegasus Project. En ella se confirmaba el uso del software de la empresa israelí NSO Group en al menos 180 periodistas de todo el mundo, 26 de los cuales eran mexicanxs. En junio de 2017, otro informe ya alertaba del uso de Pegasus en México contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya administración está señalada por adquirir el sistema y aplicarlo a más de 15 mil personas, convirtiendo a México en el cliente más grande de esta compañía. 

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de México, en un comunicado demanda “al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una indagatoria a fondo y el esclarecimiento de las versiones y denuncias públicas respecto de que las Fuerzas Armadas, (particularmente el Ejército mexicano) bajo su mando y responsabilidad, han adquirido y utilizado programas de espionaje y seguimiento no autorizado a periodistas y defensores de derechos humanos”. Además agrega: “El SNRP condena enérgicamente el que desde entes gubernamentales o privados se vengan utilizando, en este gobierno y en anteriores, mecanismos ilegales de escucha (Pegasus y otros) para conocer de la actividad de ciudadanos mexicanos”. El comunicado concluye exigiendo que “el Ejecutivo federal cumpla con su promesa de esclarecer las denuncias existentes en torno al espionaje practicado en administraciones de gobiernos anteriores y con el compromiso de que en su sexenio no se realizaría ningún tipo de escucha o seguimiento a periodistas o defensores de derechos humanos”.

La Federación Internacional de Periodistas suscribe a lo expresado por su organización afiliada y exige al gobierno de México el cese inmediato del uso de sistemas de vigilancia contra trabajadorxs de prensa y personas defensoras de los derechos humanos. La vigilancia ilegal llevada adelante desde el Estado contra periodistas es un grave ataque a la libertad de expresión, dado que estas prácticas comprometen no solo la seguridad de lxs comunicadorxs sino la de sus fuentes, sus colegas y sus familias, fortaleciendo el manto de impunidad que ya ensombrece al país.

Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16

La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 146 países

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