26/07/2017
 

CLAUDIA JULIETA DUQUE: UN RETROCESO MÁS EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Cuando todo estaba listo para que este 24 de julio se conocieran los alegatos finales en el caso por torturas proferidas a la periodista colombiana Claudia Julieta Duque Orrego, de manera sorpresiva el Juez Segundo Penal Especializado de Bogotá, Sergio León Martínez, suspendió la audiencia.

 

por Marvin David Del Cid, enviado especial a Bogotá de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y FSC-CCOO

León Martínez tomó la decisión de aplazar el juicio contra los exfuncionarios del DAS Rodolfo Medina Alemán y Ronal Harbey Rivera Rodríguez, que está a punto de culminar, argumentando que no habían sido practicadas varias de las pruebas decretadas por el despacho a su cargo desde la audiencia preparatoria llevada a cabo en diciembre de 2015, pese a que el pasado 13 de junio, en una audiencia previa, el propio juez había certificado que éstas se habían realizado.

 

De esta manera ha quedado en el limbo la nueva fecha para la conclusión del proceso que se sigue en contra de los dos implicados, ambos exintegrantes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) organismo que hasta 2011 estuvo a cargo de la inteligencia del Estado colombiano.

 

Según fuentes del despacho, la audiencia suspendida podría ser fijada para octubre o noviembre de 2017, debido a que hay otros casos previamente calendarizados.

 

Este nuevo retraso en la búsqueda de justicia fue recibido con gran decepción por la periodista, quien no se esperaba que León Martínez decidiera dejar en suspenso el proceso, pues él ha sido uno de los principales impulsores del caso.

 

Entre las pruebas que según Martínez no se habían llevado a cabo, se encuentran varias que figuran en el expediente desde enero de 2016, entre ellas los registros migratorios de Medina Alemán, así como los antecedentes penales y disciplinarios de los dos acusados.

 

De igual forma, el juez ordenó escuchar en declaración al exjefe de Desarrollo Tecnológico del DAS, Jorge Armando Rubiano (quien en marzo de 2014 aceptó cargos por la tortura contra la periodista y fue sentenciado en 2015), testimonio al que desde hace varios meses habían renunciado la fiscal, el abogado de la víctima y los defensores de los acusados bajo la aprobación de León Martínez.

 

Al revisar el expediente, se pudo comprobar que la mayoría de los requerimientos que sirvieron como excusa para el aplazamiento de la audiencia fueron incorporados al proceso entre los meses de enero y febrero de 2016, es decir, hace 18 meses.

 

Lo sorprendente es que la única acción que estaba pendiente en el caso desde diciembre de 2015 no tenía que ver con prueba alguna sino con la reiteración de la orden de captura contra Medina Alemán exjefe de contrainteligencia del DAS, uno de los procesados que se encuentra prófugo de la justicia.

 

Igualmente, el juez ordenó confirmar si Juan Carlos Sastoque, excoordinador del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS se encuentra asilado en los Estados Unidos antes de renunciar en forma definitiva a su testimonio, decretado de oficio por el juez anterior, Carlos Andrés Valenzuela Dominguez en la audiencia preparatoria.

 

Es de recordar que Sastoque también está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los autores de la persecución contra Duque, y que por cuenta de este proceso tiene circular azul de la Interpol desde agosto de 2016. Bastaba entonces que el juez pidiera comprobación a la Fiscalía para evitar nuevas dilaciones, pero en su lugar decidió pedir tal información a la Cancillería y Migración Colombia.

 

La fiscal Gilma Amparo Duarte Rodríguez acudió la mañana del lunes 24 de julio a los Juzgados Especializados de Bogotá, ubicados en el área del centro financiero de la capital colombiana, a informarse de la decisión que también la tomó por sorpresa.

 

Duarte Rodríguez labora en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía y desde 2010 ha estado a cargo del caso de la periodista y es quien ha capturado y acusado a los procesados hasta el momento.

 

¿UN MAL PRESAGIO?

 

Desde agosto de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había expresado su preocupación por los múltiples retrasos que han impedido un avance contundente en los dos juicios que se siguen contra los torturadores de la reportera Duque, perseguida desde 2001 por su labor investigativa en el caso del homicidio del también periodista Jaime Garzón Forero, ocurrido en agosto de 1999 en Bogotá.

 

Además de Rivera Rodríguez y Medina Alemán, también responden en juicio los exdirectores de Inteligencia del DAS Enrique Alberto Ariza Rivas (deportado de los Estados Unidos en abril pasado) y Giancarlo Auqué De Silvestri (prófugo desde abril de 2015), así como el ex subdirector de esa entidad, José Miguel Narváez Martínez.

 

Los juicios han sido aplazados en numerosas ocasiones, ya sea por las argucias legales de los defensores de los detenidos o bien por decisiones emanadas desde el propio sistema judicial.

 

En junio del 2016, por ejemplo, el juez Valenzuela Domínguez suspendió durante dos meses una audiencia programada para tres días en el caso de Rivera Rodríguez porque falló la energía eléctrica en la mañana del primer día.

 

En otra ocasión, César Sarmiento Olano, uno de los abogados defensores que ha tenido Rivera, solicitó el aplazamiento de la audiencia con el argumento de que se encontraba hospitalizado, pero nunca aportó pruebas de su condición de salud y terminó abandonando a su defendido, razón por la cual el juicio se dilató de nuevo durante seis meses.

 

Una luz de esperanza se vio a partir del septiembre de 2016 cuando el juez León Martínez fue designado al juzgado que lleva el proceso y empezó por ordenar investigaciones contra los abogados defensores que obligaban a la suspensión de las audiencias por inasistencia o incumplimiento en el horario y contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por incumplir su deber de trasladar al detenido Ronal Rivera a las sesiones programadas. Por eso para Duque este nuevo y desde su punto de vista injustificado retraso, resulta “incomprensible”.

 

“Incomprensible porque el Juzgado argumentó que no se han practicado unas pruebas documentales que en la audiencia del pasado 13 de junio el propio juez había declarado como ya practicadas y porque ese día cuando yo expuse mis dudas al respecto recibí incluso un regaño de parte de uno de los abogados defensores, porque supuestamente no había leído el expediente”, dijo Duque.

 

Y agregó: “Duele este nuevo aplazamiento. Hemos estado trabajando fuerte en los alegatos finales, se trata de un momento muy importante para mí, de reivindicación de mi lucha por la justicia y del cierre de un ciclo que es necesario y urgente cerrar en mi vida”.

 

NIEGAN LIBERTAD A RONAL RIVERA

 

Pero no todo son malas noticias en el caso de la periodista. Este lunes el juez negó una vez más la libertad a Ronal Rivera Rodríguez, solicitada en varias ocasiones por su abogado defensor, Jaime Augusto Castillo Farfán, con el argumento de que han transcurrido más de seis meses sin que haya habido sentencia, tiempo fijado por la ley para culminar el juicio en primera instancia.

 

Al igual que en febrero de 2017, el juez León Martínez consideró injustificada la petición de Castillo Farfán, pues hasta la fecha la mayoría de dilaciones y suspensiones en el juicio se han debido a acciones de la defensa de los acusados y por lo tanto no se le pueden atribuir a la rama judicial.

 

El abogado Castillo, además, insiste en la inocencia de su cliente y asegura que las acusaciones en su contra no tienen fundamento.

 

El propio Castillo Farfán ha sido responsable de uno de los aplazamientos, pues en una ocasión solicitó nulidad del proceso y minutos antes de comenzar la audiencia entregó una carta en la que exigía detener el juicio hasta que no se contestara su petición. Ante la orden de investigación en su

contra emitida por el juez, Castillo cambió de estrategia y en su lugar aportó un certificado de enfermedad firmado, casualmente, por una médica que comparte su apellido.

 

No obstante, la posibilidad de que Rivera Rodríguez quede libre antes de finalizar el juicio continúa latente, dado que este nuevo aplazamiento sí es responsabilidad exclusiva de la judicatura.

 

Para Claudia Julieta no hay duda de que Rivera es una pieza fundamental para desentrañar la verdad de los ataques en su contra, no sólo porque el nombre de Ronal aparece debajo de las fotografías que el DAS tenía de la periodista, sino porque fue uno de los detectives más cercanos al promotor e impulsor del G-3, José Miguel Narváez, también en juicio por el caso de Duque, así como por el asesinato de Jaime Garzón.

 

“Rivera fue nombrado asesor especial de la subdirección del DAS junto a otros dos miembros del G-3 cuando Narváez llegó a ese cargo. Adriana Posso, su defensora en el caso de las llamadas ‘chuzadas’, era la misma abogada de Narváez en ese proceso, mientras que su defensor en mi caso es también el defensor del exdirector del DAS, Jorge Noguera. Desde mi punto de vista, existen muchos indicios que permiten concluir que la libertad de Ronal Rivera es la principal apuesta de la empresa criminal del DAS que operó detrás de la tortura en mi contra, y no se cansarán hasta lograrla. Es su manera de asegurar la impunidad”, aseveró la comunicadora.

 

Por ahora, para Claudia Julieta Duque la justicia sigue aplazada.

 

 


 

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