02/07/2015
 

La FIP y la FEP se oponen a las restricciones a los medios de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana

Una manifestante se cubre la boca con una morzada como símbolo de rechazo de la Ley de la Seguridad Pública Ciudadana en Madrid el pasado 30 de junio de 2015. © JAVIER SORIANO / AFP PHOTO

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La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización regional, la Federación Europea de Periodistas (FEP), se han unido a sus afiliados españoles FAPE, FESP, FSC-CC.OO. y ELA-Gizalan para rechazar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, que entró en vigor ayer en España. Ambas federaciones aseguran que dicha ley incluye cláusulas que permiten amordazar a los medios de comunicación.

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana convierte en delito penal "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales" de policías "que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes". Los periodistas o ciudadanos que saquen fotografías a los agentes podrían enfrentar una multa de hasta 30.000 euros, en virtud de la nueva ley.

La FIP y la FEP han respaldado la oposición de sus afiliados españoles a las cláusulas de la ley, que impiden a los fotoperiodistas utilizar secuencias de manifestaciones en las que aparezcan miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

"Apoyamos el rechazo de nuestros afiliados españoles a esta nueva ley, que busca censurar la cobertura periodística de las protestas", ha declarado el presidente de la FIP, Jim Boumelha. "La nueva ley supone una burla a la democracia en España ya que limita de manera arbitraria el derecho de los ciudadanos de reunirse y expone a los fotoperiodistas a ser perseguidos por tomar fotografías que incluyan agentes en los eventos públicos".

En junio, la FEP participó en una misión internacional relativa a la libertad de prensa en España. La Federación hizo entonces un llamamiento para que la ley fuera revocada debido al impacto negativo que tendría en la libertad de prensa y de expresión en el país.

Según Mogens Blicher Bjerregård, presidente de la FEP, "la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viola claramente los derechos fundamentales tanto de los periodistas como de los ciudadanos para expresarse y acceder libremente a la información, tal y como garantiza la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea. Nos preocupa que cada vez más y más periodistas y fotógrafos, especialmente los freelance, enfrenten restricciones o arrestos debido a la nueva ley".

Organizaciones de periodistas en España han denunciado los motivos de la ley, incluyendo el esfuerzo del gobierno para prohibir las multitudinarias protestas contrarias a los recortes presupuestarios. Los sindicatos temen que el texto aprobado afecte de manera especial a los medios regionales y a los comunicadores sociales, socavando así la diversidad mediática y el pluralismo informativo en España.

Otras organizaciones como Greenpeace han acusado al gobierno de valerse de la ley para negar a los ciudadanos el derecho de difundir el uso excesivo de la fuerza de los agentes de seguridad en las protestas. Además, cinco relatores de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos de los migrantes y la situación de las y los defensores de los derechos humanos firmaron un comunicado conjunto en febrero criticando estas reformas legislativas en España e instando a las autoridades a mantener su obligación de hacer cumplir las libertades civiles en el territorio nacional.

La FIP y la FEP ya habían denunciado la nueva ley ante la plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa. Lea la alerta (en inglés) aquí.


Para más información, contactar a la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16

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