La periodista fue agredida física, sexual y emocionalmente luego de ser retenida por trabajadores de la empresa hidroeléctrica OXEC, mientras se encontraba ejerciendo su labor periodístico en Alta Verapaz, el pasado 21 de agosto. La Federación Internacional de Periodistas, (FIP) organización que representa a más de 600.000 trabajadores y trabajadoras en el mundo, repudia este grave ataque a la libertad de expresión sufrido por la colega guatemalteca, e insta a las autoridades a iniciar una investigación seria que juzgue a lxs responsables.
Se trata de Rolanda de Jesús García Hernández, periodista comunitaria y además corresponsal de Telesur, quien fue agredida física, sexual y emocionalmente luego de ser retenida de forma ilegal por personal de la empresa hidroeléctrica OXEC, en Alta Verapaz. La comunicadora se encontraba realizando una investigación sobre la difícil situación en la que se encuentran las comunidades Q’eqchi’ a raíz del desbordamiento del río Cahabón y demás afectaciones que sufren por megaproyectos.
La periodista, quien estaba acompañada por una comitiva de autoridades comunitarias de la comunidad maya Q’eqchi’ de Sactá, denunció en sus redes sociales que algunos de sus agresores la amenazaron con que “que si no accedía a sus demandas ellos podrían violarme y tirarme en el río”.
La empresa se ha desligado de los hechos y afirmó, mediante un comunicado, que “condena todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa”. Diferentes colegas de la periodista agredida y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por el riesgo que corren quienes hacen periodismo a nivel comunitario y que documentan el impacto de la industria extractiva, monocultivos y de los poderes paralelos en la vida comunitaria. Asimismo, se refirieron a la grave situación que atraviesa la labor periodística, principalmente el periodismo alternativo y comunitario, ya que está siendo criminalizado y perseguido. De acuerdo a las organizaciones guatemaltecas, en los últimos dos años, 32 periodistas han sido asesinados, dos periodistas comunitarios han estado en la cárcel de forma arbitraria y uno periodista tiene orden de aprehensión.
La FIP repudia esta grave arremetida contra la labor periodística y la libertad de expresión. Asimismo, exige a las autoridades guatemaltecas iniciar una investigación seria que determine lxs responsables de este accionar, así como también la puesta en marcha de un protocolo de seguridad para periodistas. No puede haber libertad de prensa si la vida de lxs colegas es amenazada o corre peligro.
Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16
La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 146 países
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