(Armenia, Florencia, Barranquilla, Santa Marta, 14 de marzo del 2005)Dos reporteros gráficos del departamento de Quindío agredidos por la policía, dos emisoras de Florencia, Caquetá, fuera del aire por un atentado terrorista y dos periodistas amenazados en la costa atlántica, es el triste saldo de los ataques contra la libertad de prensa en las últimas 72 horas en Colombia.

“Conocerán a la policía a las buenas o a las malas”
Cuando cubrían el levantamiento del cadáver de una niña violada de 10 años, en una finca a los alrededores de la ciudad de Armenia, capital departamento de Quindío, un camarógrafo y un fotógrafo fueron agredidos por un agente de policía y posteriormente retenidos y trasladados al Comando de Policía Departamental, denunció a Ceso-FIP la Asociación de Periodistas de Quindío, ASOPEQ.
Jhon Fredy Alexander Navarro, camarógrafo del canal Caracol, y Jhon Holmes Cardona, fotógrafo del periódico regional La Crónica, fueron agredidos con palabras soeces por un agente de policía que inicialmente ofendió a otros uniformados que realizaban el levantamiento, argumentando que los reporteros gráficos y los periodistas que los acompañaban “contaminaban la escena”.

Sin embargo los comunicadores continuaron su trabajo informativo, pues contaban con el permiso del propietario de la finca para estar en el lugar. No contento con las ofensas, el agente la emprendió contra el camarógrafo de Caracol; inicialmente intentando tumbar su cámara al piso y luego a golpes, mientras le gritaba: “Si no entienden que se tienen que ir, van a conocer a la policía a las buenas o a las malas”.

Los reporteros fueron llevados al Comando Departamental de Policía en una radiopatrulla, seguidos por los periodistas que impidieron les fueran puestas esposas, como había exigido el agresor. Allí se concentraron directivos de la Asociación de Periodistas de Quindío, quienes se reunieron con el coronel José Manuel Sánchez, comandante departamental de Policía. Simultáneamente los directores de Ceso-FIP y de la Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos, ASDEH, denunciaron los hechos ante la oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional en Bogotá.

Finalmente el coronel Sánchez pidió disculpas al grupo de periodistas por los excesos de su subordinado, se comprometió a realizar una investigación y para tal efecto, manifestó que si lo consideraban conveniente pusieran una denuncia en la oficina jurídica de la Policía.

El silencio de la dinamita

Dos cargas de explosivos puestas por hombres vestidos con uniformes militares en horas de la madrugada del pasado domingo 13, destruyeron la torre principal de transmisión de las emisoras Cristalina Estéreo y Espléndida Estéreo del sistema Inrai. El atentado que produjo daños superiores a los U.S.50.000 y fue ejecutado en el corregimiento Santo Domingo a pocos kilómetros de Florencia, capital del amazónico departamento de Caquetá, dejó fuera del aire a las dos radioemisoras.

Según información entregada por el comandante de policía del departamento del Caquetá, coronel Gabriel Rodríguez Castro, un grupo de ocho hombres que usaban prendas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y portaban armas largas, sacaron de su vivienda al celador que cuidaba la torre junto a su familia, e inmediatamente procedieron a activar 20 kilos de explosivos que destruyeron las instalaciones y todos los equipos. El oficial responsabilizó del atentado al frente 49 del extremo izquierdista grupo guerrillero FARC.

Este nuevo ataque contra la libertad de prensa y por lo tanto, contra el derecho ciudadano a recibir información, se suma a una verdadera oleada de atentados contra medios de comunicación, realizados en solamente un mes:

El 11 de febrero, un grupo paramilitar amenazó y conminó a abandonar su lugar de trabajo al periodista Claudio Gomajoa de la emisora La Dorada Estéreo, en el también amazónico departamento de Putumayo; el comunicador se desplazó de la región siete días más tarde. El 13 de febrero, dos cargas de dinamita puestas por desconocidos destruyeron la antena de la emisora Latina Estéreo de Puerto Asís, a sólo unos kilómetros de La Dorada. Luego de realizar el ataque terrorista, los sujetos quemaron los equipos. Y el 20 de febrero, comandos urbanos de las comunistas FARC destruyeron la mayor parte de las instalaciones de RCN radio en la ciudad de Cali.
Amenazas de muerte en la costa

El pasado viernes 11 de marzo, trascendió que el periodista Armando Rincón Suárez, jefe de comunicaciones de una campaña política a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico, ha recibido amenazas de muerte, vía telefónica, en las que lo presionan a abandonar el periodismo, la política y la ciudad de Barranquilla. De lo contrario, aseguran quienes realizan las cobardes llamadas, no solo corre peligro la vida del comunicador sino la de su hijo menor.
Cuando Rincón se desempeñó como Secretario y Asesor de Comunicaciones de la Alcaldía, también fue objeto de amenazas, dadas las denuncias que realizó sobre irregularidades cometidas por funcionarios de la propia alcaldía. En ese momento recibió protección de las autoridades, protección que está pidiendo hoy día.

Dos días más tarde, el domingo 13 de marzo, en la también caribeña ciudad de Santa Marta, el periodista Gustavo Raúl Bornacelli Macías, recibió amenazas de muerte a través de mensajes de texto enviados por Internet a su celular. En el primer mensaje, recibido a las 3:35 de la tarde, dijeron: “¿Sabías que el pez muere por la boca? Así que no te metas en lo que no te importa. Mira lo que pasó con Miguel, Idinael, Jensy y Julio. Cuídate de la bala...”. El segundo mensaje fue recibido a las 9:17 de la noche, con un texto intimidatorio similar.
Desde hace dos años y medio, Bornacelli trabaja en el noticiero “Informativo Buenos Días Bahía”, de la emisora Radio K de Santa Marta, donde cubre judiciales; además es colaborador del opositor noticiero nacional de televisión “Noticias Uno”. Es necesario recordar que Santa Marta, capital de departamento de Magdalena, ciudad donde falleció el libertador Simón Bolívar, cuenta con una fuerte presencia de varias facciones paramilitares de extrema derecha, tanto en el área urbana como en la rural.

Llamado urgente

El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, hace un llamado a las autoridades para que no obstaculicen el trabajo de los periodistas, quienes cumplen la función de informar a la sociedad y hacen realidad el derecho a la información; la libertad de expresar y difundir el pensamiento es un derecho que cuyo respeto se constituye en la esencia de cualquier Estado que se gobierna por principios democráticos.

El derecho a expresarse libremente está consagrado en tratados internacionales ratificados por el gobierno colombiano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos -artículo13-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -articulo 19- y tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico interno. Por su parte, la actividad periodística deberá gozar de la protección necesaria para garantizar su libertad e independencia profesional, tal y como está estipulado en el artículo 73 de la Constitución.

Por otra parte, Ceso-FIP solicita a los organismos competentes, la adopción de medidas que garanticen la protección de los periodistas Claudio Gomajoa, Armando Rincón Suárez y Gustavo Raúl Bornacelli Macías, así como a las instalaciones de los medios de comunicación que, lamentablemente, se están convirtiendo en un objetivo militar más de esta guerra animada por la intolerancia que ya cumple cerca de medio siglo.