La Federación Europea de Periodistas, FEP, condenó a la policía del Reino Unido por obtener, de manera secreta, los registros telefónicos de un periodista, y luego exigirle que revele sus fuentes de información en un caso sobre una investigación realizada por la policía.

Este hecho ocurre tras el llamado continental de la FEP a fortalecer los derechos de los periodistas.

La policía de Suffolk, Inglaterra, tenía el registro de las llamadas del celular privado del reportero Mark Bulstrode, señaló la Unión Nacional de Periodistas, NUJ. Bulstrode, veterano reportero del periódico británico East Anglian Daily Times, contactó a la policía sobre la reapertura de una investigación que no era de conocimiento público. Finalmente, el periódico decidió no publicar la historia sobre la investigación por su naturaleza sensible.

Según la NUJ, tras discusiones con la policía, Bulstrode sospechó de la actividad secreta de la institución y descubrió que los funcionarios obtuvieron su registro telefónico después que él presentara solicitudes bajo el Acta de Protección de Datos, para averiguar lo que la policía estaba haciendo. Las autoridades inicialmente negaron el monitoreo pero siete meses después revelaron las tácticas empleadas en este caso.

La FEP y la organización a la que pertenece, la Federación Internacional de Periodistas, FIP, respaldan al NUJ en su protesta contra estas tácticas y reiteraran su llamado a más leyes europeas que protejan a los periodistas y a sus fuentes de información.

“Las acciones de la policía británica son otro ataque contra el secreto profesional y los derechos de la prensa”, dijo Aidan White, Secretario General de la FEP/FIP. “En meses recientes hemos visto una alarmante tendencia: los gobiernos intentan intimidar a los periodistas y a sus fuentes cuando se trata de historias que no desean ver publicadas”.

La FIP celebró la reciente absolución de tres periodistas en un controversial caso en Dinamarca. Los colegas fueron llevados ante la corte por “publicar información obtenida de manera ilegal por terceros”, bajo el Artículo 152-d del Código Penal. Los cargos fueron presentados después que los dos reporteros y el editor divulgaran una historia que exponía como el gobierno carecía de evidencia creíble para respaldar la invasión a Irak.

La FIP manifestó que el veredicto de la corte de levantar los cargos contra el editor Niels Lunde y los reporteros Michael Bjerre y Jesper Larsen, del periódico Berlingske Tidende, evidencia la lucha europea contra los gobiernos y la presión gubernamental que los periodistas han afrontado en varios países de la Unión Europea a lo largo del año.

Una semana antes de este episodio, el tribunal The Hague ordenó la liberación de dos periodistas de un periódico, encarcelados durante dos días por rehusarse a revelar sus fuentes en un caso sobre fugas de información del gobierno que paró en manos de criminales.

Al comienzo del 2006, el gobierno danés expresó que abandonaría su monitoreo de las comunicaciones de los periodistas y por su parte, el gobierno alemán dijo que removería a los espías que había puesto en las salas de redacción para detener las fugas de información a la prensa. En el Reino Unido, el gobierno dijo que planea fortalecer leyes sobre secretos gubernamentales para prevenir que informantes revelen información sobre políticas de la administración. Letonia, Irlanda e Italia han observado acciones legales e ilegales cometidas por oficiales que intentan descubrir los contactos de los periodistas.

“Hacemos un llamado a las naciones europeas a acordar una postura en común que acabe con la incertidumbre legislativa y supere la atmósfera intimidante que rodea a los reporteros cuando realizan su trabajo investigativo”, comentó White.

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